La campaña publicitaria
que se despliega en los medios
televisivos contra el Sindicato de Trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social, para contrastar lo que éstos reciben
de prestaciones, con lo que reciben otros trabajadores del
sector privado, es una de las últimas estrategias que urdió
el
ex director Santiago Levy y que, fielmente, continúa su sucesor
Fernando Flores y Pérez.
El objetivo es claro, abrumar de propaganda antisindicalista
para acallar las voces de los médicos, enfermeras, personal de
apoyo y trabajadores en general del instituto que no desean que
los asegurados reciban menores prestaciones que la de los
trabajadores al servicio de éste, sino que, por el contrario,
los primeros tomen conciencia de que si sus percepciones por
retiro, incapacidad y jubilación son bajas y hasta ridículas,
no
es por culpa de la casualidad; es culpa de quienes, desde la
Dirección General del Seguro y de su Consejo Técnico,
dilapidaron los recursos y no pocos se hicieron millonarios con
contratos de obra o de proveeduría, que fueron relajando la
administración, hasta convertirla en la cueva de Alí Babá.
Es absurdo que ex directores como Genaro Borrego se presten a
la campaña antisindicato cuando en sus tiempos, como director,
una supuesta bonanza del instituto lo llevó a admitir la
reducción de la aportación gubernamental y el ajuste a la baja
de las cuotas patronales. ¿Qué no había entonces asesores
del
Consejo Técnico que, de acuerdo con cálculos actuariales hubiera
previsto que tal decisión era suicida para el futuro de los
trabajadores y asegurados? La respuesta no puede ser sino el de
una crasa ineptitud o la de una trama perversa para debilitar
las finanzas del IMSS preparándolo para trasladar a los bancos
la individualización de los seguros de retiro y jubilación
(Afores) para hacer atractiva la privatización y
extranjerización, que finalmente logró Salinas de Gortari.
Por eso indigna también que en esa campaña se utilice a los
miembros del Consejo Técnico tripartita del Seguro que, tanto la
representación de los trabajadores, como la de los patrones -ya
no cabe duda- se coludieron para arruinar al Seguro y ahora
consuman la obra para denostar al sindicato a fin de que deje de
insistir en la demanda de conocer a dónde se fueron los recursos
que obtuvo el IMSS durante los primeros 28 años que el personal
pagó su aportación para la jubilación y no se hizo una
sola
erogación durante ese largo lapso. Cuando en el pasado, el
Consejo Técnico confundió y metió en la misma bolsa las
cuotas
de los asegurados, patrones y gobierno, junto con las
aportaciones de los empleados del instituto para su jubilación,
ahora Levy los protege con una reforma a la Ley del Seguro para
que ese mismo Consejo no siga haciendo lo mismo y se impida
cumplir, en un futuro próximo, con el pago de las prestaciones
contractuales a sus trabajadores.
Pero el colmo del cinismo se da cuando, en la televisión, el
nuevo director del IMSS utiliza para golpear al sindicato y a
los trabajadores de ese instituto, nada menos que a un diputado
que ahora es del PAN, Manuel Pérez Cárdenas, que antes militaba
en el equipo de Gurría Ordóñez en Nacional Financiera,
y que en
el operativo neoliberal de Salinas que cerró el Instituto
Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, fue al que se
encomendó el operativo de hacer perdedizo un fondo de más de
cien millones de pesos que justamente el Banco de México había
constituido en fideicomiso para el pago de los retiros y
jubilaciones del personal técnico y científico del IMIT y de
sus
trabajadores. Se tuvo que llegar a sostener una lucha legal para
que, finalmente Nafinsa devolviera los fondos y algo se les
pagara a los beneficiarios, no sin antes exaccionarlos con un
pago del Impuesto Sobre la Renta, que todavía a 10 años de
distancia se sigue litigando por ser improcedente.
En toda esta patraña de la dirección del IMSS, duele que se
oculte que el sindicato ya accedió a duplicar prácticamente
la
aportación del porcentaje sobre salarios para el fondo de
jubilaciones (de 3 a 6%) y ampliar a siete años más de trabajo
la edad para la jubilación (de 27 a 35) y de cinco por edad (de
60 a 65). Tal propuesta no ha querido ser valorada ni mucho
menos se menciona la positiva disposición del personal que, sin
duda, tiene una alta calificación ética y profesional para el
desempeño de una actividad delicada, trascendente y pesada que
se realiza con vocación y dedicación, aun cuando es evidente
que
no se cuenta ni con instrumental, espacios, medicamentos y
asistencia suficiente; pero que, sin embargo, beneficia a un
universo de 40 millones de derechohabientes que a diferencia del
Seguro Popular que ofrece una incierta atención de primer nivel,
en el instituto alcanza hasta el de la más alta especialidad,
recuperación y rehabilitación.
El discurso de Santiago Levy antes de renunciar, ante el
Consejo de la Cámara de la Industria de la Transformación
(Canacintra) revela lo que hoy ya es explícito, o sea, la
intención de hacer creer a la ciudadanía que la culpa de todo
es
de los empleados del instituto, buscando enfrentarlos con
patrones y asegurados para ocultar lo que en los tiempos de la
transparencia ya no debe ser secreto, que es el que esta gran
obra de la Revolución Mexicana que conquistó la seguridad social
para los trabajadores quiere ser desmantelada para su futura
privatización (ya se avanzó con las Afores) y con ello no sólo
cumplir los designios neoliberales de la política económica
foxista sino, de paso, sepultar los escandalosos fraudes a las
finanzas del instituto que lo han postrado en la insolvencia
para cumplir sus obligaciones elementales.
Diputado federal (Convergencia).